Més que un club

Ya sé que puedo resultar pesado, señor juez. Pero me preocupa mucho que los medios de comunicación tradicionales no estén dando difusión a ciertos eventos que pudieran ser relevantes para la instrucción del llamado "caso Negreira", en la que ya quedó probada que el FC Barcelona pagó durante al menos 17 años al vicepresidente del CTA, el señor Jose María Enríquez Negreira, por "servicios de asesoría".

El señor Negreira fue responsable de los ascensos y descensos de árbitros, no solamente por su calificación técnica, sino por un oscuro concepto llamado "índice corrector", de naturaleza subjetiva, que permitía proporcionar unos ingresos superiores a 300.000 euros anuales a los árbitros que el propio señor Negreira considerase aptos para desarrollar su labor, más allá de su competencia objetivable y, del mismo modo, "castigar" perdiendo esos ingresos a los árbitros que él mismo decidiera, aplicando el mismo "índice".

Y es que, señor juez, los medios de comunicación tradicionales no están informando de los detalles del caso, a pesar de la gravedad de los actos en cuestión. No quiero dejar pasar la oportunidad para señalarle a usted para su consideración lo que pudieran estimarse casualidades muy oportunas desde el punto de vista cronológico, que de no ser por algunos investigadores como Jorge Calabrés, del diario El Español, o de cuentas de la red social X, como @futbolgate_ES, pasarían desapercibidos.

No omito mencionar que los diarios deportivos y generalistas, además de las emisoras de radio con programas deportivos de gran audiencia, están ignorando o tratando muy superficialmente el fruto de estas investigaciones sobre el caso y algunas particularidades que considero de gran interés para la opinión pública, que mencionaré a continuación.

Negreira deja de ser vicepresidente del CTA en julio de 2018, momento en que deja de facturar por servicios al FC Barcelona. Exactamente tres años después se producen los cambios en el código ético de la RFEF estableciendo la prescripción en tres años. ¿Casualidad?

Es conocido que LaLiga, organización privada presidida por el señor Javier Tebas, invierte decenas de millones de euros anualmente en publicidad institucional en los citados medios, lo que pudiera representar un conflicto de intereses si finalmente el tribunal dictara una sentencia condenatoria, confirmando las primeras conclusiones de la instrucción, en el sentido de dar por probada la corrupción en el ámbito deportivo del FC Barcelona, uno de los miembros más importantes de la organización que preside el señor Tebas. Me explico: no sería descabellado pensar que los medios de comunicación que reciben ingresos de LaLiga mantengan en silencio ciertos aspectos de la instrucción o del caso que no convengan a los intereses de su patrocinador. Es necesario manifestar aquí que la distribución e importes de esos patrocinios es información que el señor Tebas considera confidencial y que por tanto no está disponible para que la opinión pública pueda tenerla en cuenta a la hora de interpretar las razones y destino de esos fondos, más allá del obvio interés comercial.

Mire, señor juez, se da la circunstancia de que el código ético de la RFEF vigente en 2015 establecía en su capítulo cuarto, artículo 12, punto 2, que "Las infracciones definidas como cohecho y corrupción no prescriben". Redacción muy acertada que cualquier ciudadano suscribiría tanto por el daño económico que los hechos pudieran ocasionar (reparable), como especialmente por los daños morales (irreparables, intangibles e incuantificables), considerando que el deporte en general y el fútbol en particular se desenvuelve en el terreno de las emociones colectivas y forma parte de la educación en valores de los españoles desde la infancia.

En 2019 Hacienda ya estaba investigando al FC Barcelona por el caso Negreira. Semanas antes de la llegada de Laporta a la presidencia en marzo de 2021, la Agencia Tributaria había solicitado al club las facturas pagadas al vicepresidente del CTA. Laporta, quien años antes había cuadruplicado los pagos a Negreira, era conocedor del estado de la investigación sobre el asunto. Entre abril y junio de 2021 pasó a formar parte de la junta directiva de la RFEF con Rubiales al frente del organismo, quien, recordemos, no tuvo ningún empacho en utilizar como negociador y comisionista a un futbolista en activo de la plantilla del FC Barcelona para cerrar el acuerdo de la Supercopa con el gobierno de Arabia Saudí. El acuerdo incluía cantidades adicionales por la participación en las sucesivas ediciones del FC Barcelona como semifinalista. Más dinero a cambio de que un club llegase por méritos deportivos o de cualquier otra forma a disputar la competición... no haré más preguntas, señor juez, porque ya se las está haciendo usted al señor Piqué.

Tres meses después de la llegada de Laporta a la Junta Directiva de la RFEF la institución modifica su código ético eliminando las sanciones por corrupción y limitando su prescripción a un período de tres años, cuando en el código anterior no prescribían nunca. ¿No le parece extraño, señor juez, que algo tan grave como la prescripción de un acto de corrupción se limite exactamente a un período de tres años? Recordemos que Negreira deja de ser vicepresidente del CTA en julio de 2018, momento en que deja de facturar por servicios al FC Barcelona. Exactamente tres años después se producen los cambios en el código ético de la RFEF estableciendo la prescripción en tres años. ¿Casualidad? Lo que uno espera de un estado de derecho funcional es que las instituciones cada vez sean más estrictas con la corrupción. Cuando una institución reduce la vigilancia o las penas sobre los delitos está mostrando una laxitud intolerable, cuando no una connivencia denigrante con el delincuente.

Cuando una institución reduce la vigilancia o las penas sobre los delitos está mostrando una laxitud intolerable, cuando no una connivencia denigrante con el delincuente

Mire, señor juez, yo no creo en las casualidades. Me gustaría saber si este tipo de actuaciones podrían ser calificadas como un acto de prevaricación de la Junta Directiva de la RFEF y si sería posible considerarlas nulas de pleno derecho en virtud de su gravedad, al ser notoria su conveniencia para eludir las consecuencias derivadas de la evidente corrupción deportiva que la RFEF encubre con la grosera y oportuna modificación de su código ético. La consecuencia práctica de este acto es la imposibilidad de aplicar las sanciones establecidas en 2015 en el código ético, que podrían haber supuesto la desposesión de los títulos obtenidos por el FC Barcelona durante el período en el queda probado el pago de al menos 8,4 millones de euros al vicepresidente del CTA.

Siempre supimos que el FC Barcelona era "més que un club", ellos mismos presumen de serlo. Lo que no vimos venir es que pudieran llegar a un grado de control político y manipulación de las instituciones como el que acabamos de mencionar o como el que se puede atribuir a Albert Soler entre 2021 y 2023.

Recién ganadas las elecciones a la presidencia del FC Barcelona por Joan Laporta en 2021, y constituida su junta directiva, Albert Soler abandona el club. Los eventos posteriores nos hablan de las primeras decisiones que se fraguaron en ese período. El objetivo principal era disolver el Negreirato sin consecuencias para el club. El plan A fue blindar los títulos conseguidos entre 2001 y 2018. Ya hemos visto cómo se materializó, con la imprescindible colaboración de la RFEF, presidida por Rubiales. Si nos detenemos en la cronología de eventos, la precisión de las acciones supera por mucho la del Rolex Submariner de Medina Cantalejo.

la justicia vendrá de 1) follow the money  y 2) responder la pregunta ¿a quién benefició mantener exactamente en tres años el plazo de prescripción de actos de corrupción muy graves en la ley del deporte o la prescripción acelerada de actos de corrupción en el código ético de la RFEF? ¿Necesitáis pistas?

La intervención de Albert Soler en el plan B del FC Barcelona ya quedó descrita en este artículo: Es la guerra. Soler fue Director General del CSD (Consejo Superior de Deportes), órgano dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en medio de la elaboración de la nueva Ley del Eeporte, que, entre otras cosas, también acabó limitando los tiempos de prescripción de la corrupción deportiva exactamente a tres años en los casos "muy graves", justo del tipo del caso Negreira, mientras se aumentaban los plazos para los casos leves o graves. Obviamente, Soler tenía que ser conocedor tanto de los pagos a Negreira (fue directivo del FC Barcelona entre 2014 y 2021) como del cese de los pagos posterior a su salida del CTA en 2018. Cirugía laparoscópica de precisión.

En enero de 2023 se promulgó la nueva Ley del Deporte. Dos semanas después Soler abandonó el CSD con la misión cumplida. Hay dos ideas recurrentes en el cine negro que siempre se me vienen a la mente a la luz de los datos de la investigación sobre el caso Negreira: la justicia vendrá de 1) follow the money (eso siempre funciona) y 2) responder la pregunta ¿a quién benefició mantener exactamente en tres años el plazo de prescripción de actos de corrupción muy graves en la Ley del Deporte o la prescripción acelerada de actos de corrupción en el código ético de la RFEF? ¿Necesitáis pistas?

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